El vehículo incendiado de la Miss Piura, por presuntos extorsionadores es solo la punta del iceberg de un agudo problema de inseguridad en el país y que al propio Estado no puede combatir. Hoy la extorsión es el principal ingreso de pandillas y grupos organizados que utilizan el terror para obligar a sus víctimas a pagar un cupo por una supuesta “seguridad”.
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Ni siquiera las bodeguitas se salvan de estos pillos; menos los emprendedores y empresarios. Lo curioso, como lo demuestran los operativos, es que muchas de estas extorsiones se planifican desde el penal de Piura. La pregunta de siempre: ¿Y cómo ingresan los celulares, chips y baterías a este recinto penitenciario?
O es débil el control en este penal, o alguien está en complicidad con los internos para seguir con las extorsiones, pese a que hace menos de un mes se desarticuló una banda al interior de este penal. Lo grave de este problema es que atenta contra el patrimonio de las personas y restringe la libertad de las personas, genera afectación a la salud y la integridad física de los extorsionados, además de ahuyentar la inversión privada y los emprendimientos en perjuicio de la economía del país.
