La creciente inseguridad al igual que la corrupción, se ha convertido en el mayor flagelo para las familias y de eso no hay duda. Hoy muchos peruanos no pueden trabajar ni estudiar seguros; realizar un emprendimiento, hacer turismo y hasta permanecer en su propias casas porque al menor descuido es asaltado, cogoteado o en el peor de los casos golpeado y asesinado si pone resistencia.
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Pese a este grave diagnóstico, los políticos, ministros y quienes hacen y autorizan las leyes se han enfrascado en un conflicto estéril en determinar qué plan es mejor: el de Bukele o el de Boluarte. El problema de fondo no es el plan sino la disposición del gobierno a invertir y reestructurar las instituciones a cargo de brindar seguridad ciudadana. Una Policía sin recursos y sin preparación y un Poder Judicial permisivo no pueden hacer un buen trabajo.
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La delincuencia desbocada no solo genera inseguridad en la población sino que también afecta las inversiones y la estabilidad política del propio gobierno. Si este tema se política como lo están haciendo hoy, definitivamente irá al fracaso para beneficio de los delincuentes y de los políticos que se oponen a todo.
