Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, los famosos “Niños de AP” también habrían metido la mano y sus intereses en la millonaria obra de agua y alcantarillado para los asentamientos de Piura, cuyo costo es de 561,7 millones de soles, y que hoy está paralizada y en proceso legal que nadie sabe cuándo terminará.
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Aunque el consorcio Piura-Castilla, ganadora de la licitación emitió sendos comunicados aclarando que no pertenece ninguna mafia dentro del ministerio de Vivienda, los sabuesos de Fiscalía encontraron un hilo que une a esta empresa de capitales chinos (CTCEG) con la empresa China Reilway 10, mencionada en la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo y seis congresistas del caso “Los Niños”.
La hipótesis es que estos legisladores habrían influido en los ministerios de Vivienda y Transportes para que tres empresas chinas obtengan obras millonarias. Claro, ese favor no habría sido gratuito. Lo curioso es que en Piura los interesados se quedaron mudos con la paralización de la obra y otros se rasgaron las vestimentas defendiendo a la empresa.
