La inseguridad y criminalidad en el país obligó  a muchos peruanos a salir a las calles a expresar abiertamente su malestar por la indiferencia e incapacidad que hasta ahora ha mostrado el Gobierno de Dina Boluarte para hacer frente uno de los problemas más graves que enfrenta el país, incluso, por encima de la crisis económica. 

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Según data  de la PNP, cada 24 horas se registran 296 robos y un crimen por manos de sicarios. Esta percepción de inseguridad y criminalidad tiene su costo social y según el BID, va desde el incremento de gasto de las familias para protegerse hasta la reducción de la inversión y la pérdida de productividad para las empresas. Se estima que el costo social representa más del 2,8% del PBI.

Y esto lo sabe el ejecutivo y el legislativo, pero hasta ahora, además de las emergencias que no han tenido éxito en las zonas que se implantaron, no  hay una estrategia clara y efectiva para frenar la delincuencia, pues tanto el gobierno como el Congreso están más ensimismados en su alianza para acaparar el poder y llegar al 2026, que enfrentar la horda de delincuentes que ya se dieron cuenta de sus debilidades como Gobierno.