El coronavirus ha desnudado muchas de nuestras debilidades como sociedad, sobre todo en la gestión pública; y es que además de la precariedad del sistema de salud, el COVID-19 ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los penales, un viejo problema que nadie ha
tenido los pantalones bien puestos para solucionarlo.

Si bien en el Perú se han incrementado los delitos, sobre todo por corrupción, el problema más espinoso de los penales es el hacinamiento.

En Piura, una cárcel construida para no más de mil 500 presos, resulta soportando a una población de más de 4 mil personas, que son caldo de cultivo para pandemias como la que hoy tenemos.

Hasta ayer el COVID-19 había dejado 11 muertos y 16 más en situación de aislamiento. Se ignoran las consecuencias finales.

Otro problema es la “sentencia”; algunos fallecidos estaban como “inculpados”, es decir en “prisión preventiva”; pues sus casos son ignorados debido a la pesada carga procesal, a la burocracia y, por supuesto, a la corrupción.

Si alguien no soluciona esto, el COVID-19 se encargará de darles sentencia de muerte a muchos internos del ex Río Seco, aunque no hayan sido sentenciados o sean inocentes.