La exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, debe tener muchos amigos incondicionales, pero también peligrosos adversarios políticos. De eso no cabe duda; sin embargo, su inhabilitación en la función pública por 5 años y la acusación constitucional del pleno del Congreso tiene tufillo a revancha, pero, además, una implícita amenaza a la institucionalidad en el país. 

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Ha sido una clara intromisión en un poder del Estado y un mensaje subliminal de lo que les ocurriría a otros funcionarios de justicia si no se alinean con el poder. Y este parlamento lo hace sabiendo que el TC, impuesto a su talla y medida, no hará nada por terciar en el problema, como ocurrió con su última sentencia sobre la cuestión de confianza fática para utilizarla de manera retroactiva, calificada por los juristas como una aberración jurídica. Hasta la Defensoría se pondrá de parte de este legislativo… ya se sabe por qué.

La exfiscal debe ser investigada, sin duda, porque hay evidencias que la involucra en casos de inconducta funcional como la investigación a Pedro Castillo, pero este Congreso con pobre aprobación (menos del 15%) no está calificado para hacerlo, mucho menos en interferir en otro poder del Estado.