La decisión del Congreso de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puso en debate un presunto intento de remoción en este órgano constitucional.
Para los juristas, el Legislativo solo hace uso de una competencia constitucional de investigar a todos los funcionarios públicos.
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Según el exgobernador de Ica y analista político, Fernando Cillóniz, el trasfondo es la remoción para colocar magistrados a la medida del Congreso.
La acción mereció el pronunciamiento de las Naciones Unidas por una adecuada separación de poderes para garantizar la democracia en el país.
“El Sistema de Naciones Unidas en el Perú expresa su preocupación ante la aprobación del pleno del Congreso de la República de avanzar con la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo cual podría derivar en su remoción total. La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país”, advirtió Naciones Unidas.
A su turno, el abogado constitucionalista, Samuel Abad, comentó un intento del Parlamento de convertirse en un poder absoluto.
“El Congreso no es un poder absoluto, tiene límites y no puede afectar la autonomía de un órgano como la JNJ […] Se le está dando la competencia a la Comisión de Justicia para que evalúe supuestos hechos que no significan en absoluto una infracción en la Constitución”, declaró.
Analistas
De otro lado, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi aseveró que el Parlamento actúa dentro de sus competencias de investigación de funcionarios.
“El Congreso puede investigar a todas las autoridades públicas […] Este no es un procedimiento que sirva para imponer una sanción, sino solo un proceso de fiscalización. Para sancionar el proceso es otro. Es un procedimiento que no se hace en la Comisión de Justicia, sino que se hace en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Toda la gente que ha dicho que esto es un golpe de Estado y una arbitrariedad, la verdad que es una exageración”, declaró a El Tiempo.
A su criterio, sí es oportuno que los miembros de la JNJ acudan al Parlamento para que expliquen su pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“Eso fue un conflicto de intereses porque se supone que la Junta Nacional de Justicia es la que fiscaliza a jueces y fiscales. Si esa es su función, como es que los defienden. Por eso es razonable que los investiguen y les pregunten qué fue lo que ocurrió”, agregó.
Sobre una sanción, Ghersi consideró que sería prematuro “cortar cabezas” cuando el período de la JNJ está por terminar.
