En la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, integrada por los territorios limítrofes de la región Tumbes, Perú y la provincia de El Oro (Ecuador), desde hace 20 años se está generando un serio y grave conflicto hacia la salud humana de las poblaciones asentadas en las 500 mil hectáreas de esa cuenca (371 mil de Ecuador y 128 mil de Perú), ante la permisividad y pasividad de los gobiernos.
Esta cuenca presenta niveles ya comprobados con certidumbre científica, de la presencia de metales pesados en el agua superficial producto de los más de 500 emprendimientos mineros artesanales informales e ilegales en la cuenca alta ecuatoriana (ríos Calera y Amarillo) y los vertederos poblacionales cloacales en la cuenca baja tumbesina, poniendo en riesgo cierto de insalubridad primeramente a los 8 mil pobladores del distrito tumbesino de san Jacinto y en general a los 200 mil tumbesinos que captan el “agua potable” de esta cuenca baja.
Existen ya sendos informes científicos de la Universidad Nacional de Tumbes, carpetas fiscales de la fiscalía ambiental de Tumbes, informes de la Defensoría del Pueblo que reclaman y se hace necesario, declarar la emergencia ambiental de la Región Tumbes, habida cuenta que la situación de salud de los pobladores está peor que hace cinco años atrás.
La Federación de Agricultores de Tumbes, ante la pasividad del Ejecutivo y gobierno Regional de Tumbes, ha presentado una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, la misma que ha sido admitida, a causa de la contaminación originada por los relaves mineros del cantón Zaruma- Portovelo, donde nace el Puyango y que cuando entra a territorio peruano se llama río Tumbes.
Este es un caso que debe tratarse en el seno del Acuerdo de Escazú, firmado por Ecuador e ignorado por el Congreso peruano. Asimismo, se reclama que este tema sea agenda con solución política en la reunión de los Ejecutivos de Perú y Ecuador, con menos prensa y con mucha voluntad política.
