La violenta protesta de los obreros agrícolas de las regiones de Ica y La Libertad, para obtener una mejor remuneración y mejores condiciones de trabajo, ha puesto en evidencia el tratamiento privilegiado que el Estado concede a las empresas agroexportadoras.
La encuesta realizada por GRADE a las empresas agroexportadoras del país, incluidas las de Piura, revela que las ventajas concedidas a estas empresas no sólo sirvieron para incentivar el arranque de sus actividades empresariales, sino que, una vez logrado el propósito de consolidar el negocio, estos beneficios se han perpetuado año tras año. Además, hay que contabilizar otras ventajas, como la adquisición de tierras dotadas de agua de riego y a bajo precio, así como los beneficios tributarios.
Todo ello contribuye a la obtención de importantes ganancias, detrás de las cuales se esconde la baja remuneración a las trabajadoras y trabajadores agrícolas, quienes desde las cuatro de la mañana abandonan sus hogares para ir a los campos de cultivos; en su mayoría, mujeres, hijas y esposas de pequeños agricultores.
Sin embargo, estos privilegios no son concedidos a la agricultura familiar, de la cual se dice muy poco, pese a su importancia. En Piura, son casi 470.000 familias que cultivan su parcela de tres hectáreas de tierra.
Desde otra mirada, si bien el empleo de las hijas y esposas en las empresas agroexportadoras significa un ingreso para el hogar de los pequeños agricultores, implica también una ausencia de mano de obra en la parcela familiar. Esto, de alguna forma, debilita la sostenibilidad de la agricultura familiar, pues la ausencia de miembros de la familia disminuye la capacidad de producción de las parcelas familiares. Por lo general, estas parcelas no producen para la exportación sino para el mercado interno.
Saliendo de la perspectiva liberal, que privilegia la exportación como medio para resolver todos los problemas, las autoridades deberían reflexionar sobre la manera más adecuada de solucionar el problema social de la agricultura familiar, asumiéndola como base de la seguridad alimentaria del país, dotándola de las condiciones necesarias para desarrollarse como sector productor de productos alimenticios orgánicos para satisfacer el mercado local y regional.