Tiene sentido el pedido del gobernador, Luis Neyra, de que la ARCC se mantenga por un año más, antes de ser reemplazada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), pues a pesar de todas las demoras y hasta casos de corrupción detectadas en la ejecución de proyectos, como el caso La Unión, la ARCC tiene a su cargo y en calidad de pendientes de financiar y terminar, 200 proyectos para la región Piura.
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Aunque esta institución haya hecho ‘méritos’ sobresalientes para su desaparición, el cambio -conociendo la burocracia estatal-, podría generar el retraso de todos estos proyectos aprobados y, en el peor de los casos, se podría convertir en el pretexto perfecto para que el Estado se olvide de los S/ 1.300 millones comprometidos para estas obras.
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Y si la decisión ya está tomada y no hay vuelta atrás, sería necesario que los piuranos y sus autoridades exijan explicaciones sobre bajo qué condiciones quedan estos 200 proyectos, y la garantía que el gobierno nos da para no perderlas o retrasarlas por años. Uno de los riesgos que hacen dudar de ANIN es que a diferencia de la ARCC, esta solamente ejecuta proyectos, pero no financia nada.
