Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores y exministro de Agricultura para El Tiempo.
En el 2015, el gobierno del Perú se comprometió ante las Naciones Unidas a cumplir -hacia el 2030- con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este artículo abordaremos el ODS 6, referido al acceso universal de servicios de agua y saneamiento para los ciudadanos.Los ODS contemplan diversos criterios: esperan que la extracción del agua de la fuente se haga de manera sostenible, que la empresa responsable del servicio también lo sea en términos de eficiencia operativa y de responsabilidad social, con tarifas que garanticen acceso pero también su correcto funcionamiento, que el agua que se reciba en casa sea en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de consumo e higiene de todos sus miembros, con la calidad adecuada que garantice desinfección y no contaminación con elementos extraños y que sea oportuna, disponible las 24 horas del día. Los residuos domiciliarios -de la misma manera- deben ser evacuados en buenas condiciones y ser tratados previamente a su vertimiento en el mar, quebrada o río.
Todas estas consideraciones exigen que la empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento (EPS) tenga un nivel de gestión de excelencia, garantizando operatividad técnica, sostenibilidad financiera y ambiental, y responsabilidad social hacia el entorno. Piura avanzó poco en los últimos años y se mantiene lejos de la situación ideal planteada al 2030.
De acuerdo al INEI, entre el 2011 y 2016 la región Piura incrementó el número de hogares con acceso a agua domiciliaria en 11%, debido a lo cual, el 84% de su población tendría acceso al agua. El porcentaje, sin embargo, está por debajo del promedio que se obtiene en la mayoría de regiones del país.
Al 2021, esta empresa municipal, proveía agua al 90% de los hogares de su población y conexiones de desagüe al 78% de la misma. En promedio, dichos hogares cuentan con el servicio menos de 13 horas al día, con baja presión y probablemente con un índice de cloración que no garantiza la desinfección del agua. Apenas el 41% de los hogares cuenta con un medidor de su consumo, por lo que el resto de la población no sabe cuánto consume y la facturación no refleja el consumo por hogar. Debido a ello, la empresa no garantiza su operatividad financiera y, con seguridad, tampoco los recursos necesarios para aquellas inversiones que se requerirían para cumplir con los ODS al 2030.
Ad portas que las nuevas autoridades regionales y municipales asuman sus funciones, vale la pena preguntar si el modelo de gestión de la EPS Grau, que corresponde a una empresa pública municipal (además, en el sistema concursal) es el correcto para garantizar servicios de calidad o, alternativamente, es tiempo de discutir otros modelos de gestión convocando para ello al sector privado a través de empresas especializadas.
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