La inseguridad en Piura ha llegado a niveles de horror. Cada 24 horas hay un crimen a causa del ajuste de cuentas entre delincuentes; por cupos, extorsión o tráfico de tierras, o, el robo avezado a inocentes víctimas que, ni siquiera en el interior de un restaurante o en las puertas de sus casas, están a salvo de la horda de malandrines armados y dispuestos a matar al menor signo de resistencia.
Las estadísticas de asaltos y crímenes son alarmantes, pero eso parece que al gobierno de Pedro Castillo no le preocupa. En su visita del último jueves había hecho una promesa al alcalde de Piura de declarar en emergencia a la región; así se había establecido en reuniones previas en Lima, pero se echó para atrás a la hora de oficializar la emergencia. Se hizo el despistado y se marchó.
La emergencia es necesaria porque otorga recursos para un sector que, pese a su importancia, no se ha atendido como se debía. Hoy faltan patrulleros y policías; el servicio de serenazgo se debilita, no hay un sistema eficiente de videovigilancia y todas estas carencias las saben los delincuentes y de eso se aprovechan. ¿Cuántas víctimas más se requieren para atender la seguridad ciudadana?
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