Con más de 15 días de bloqueos y cruentos enfrentamientos que han dejado más de 50 fallecidos; infraestructura dañada y cientos de heridos, lo que más se resiente es la economía en el país.
Es difícil dar cifras de pérdidas que sufre el turismo receptivo; la minería; las exportaciones; el comercio y el transporte, además de los daños colaterales que esto significa para la imagen del país en el exterior, desde donde nos miran como país convulsionado y de alto riesgo para la inversión y el turismo.
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Es aceptable las protestas pacíficas, pero no la barbarie que se ve hoy en carreteras y calles; y es lamentable que los protestantes no se den cuenta que en su afán de desestabilizar el gobierno, están atentando directamente contra la población que no puede movilizarse, recibir atención médica; abrir sus negocios o abastecerse con normalidad de alimentos.
Los vándalos creyendo que afectan a Dina Boluarte y el Congreso están destruyendo activos estatales que son bienes al servicio de la población y que reponerlos significará gasto público que sale igualmente del bolsillo de los contribuyentes. La irracional ambición por el poder parece que ciega a todos.
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