Bastante satisfacción ha causado en predios judiciales y forenses, la reciente decisión del Poder Judicial, mediante la cual declaran fundada en parte una acción de tutela de derechos, el cual dispone el cese de la denominación o nombre de la presunta organización criminal, por vulnerar los derechos a la dignidad de los investigados.

Al parecer, en estos últimos años ha sido la Policía la que pone nombre a las bandas u organizaciones criminales y es así como se les conoce en predios judiciales y ante los medios de comunicación: “Los Cogoteros de Caquetá”, “Los Malditos del Norte”, “Los Elegantes de la Política”, ente otros nombres sugestivos. También, individualmente, apodan a sujetos investigados: “Django”, “Mosca Loca”, “Retaco”, etc.

La pregunta es si estas organización criminales o delincuentes avezados realmente tienen ese nombre. ¿Son apodos o motes que les pone la PNP para identificarlos? Independientemente de la probable responsabilidad penal o no de estas personas, muchas de ellas al margen de la ley, ¿estas denominaciones vulneran su dignidad como personas y el principio de presunción constitucional de inocencia?

Es posible que algunos presuntos delincuentes realmente tengan esos apodos, pues en la criminalidad es usual que los delincuentes no se llamen por sus verdaderos nombres, para no ser identificados. Es por esta razón, que el PJ ha declarado fundada una acción de tutela de derechos y ha dispuesto que el representante del Ministerio Público y las demás partes procesales se abstengan de llamar con ese nombre a la presunta organización criminal, porque atenta contra su propia dignidad de persona humana y además contra la garantía de la presunción de inocencia.

Ya en anterior oportunidad, también el PJ se ha pronunciado por un caso similar, ordenando al Ministerio Público y a la PNP abstenerse de presentar ante la prensa esposados, con chalecos membretados y con la palabra detenido, a varios integrantes de una banda delincuencial.

Qué duda cabe, exhibir públicamente a una persona detenida por la comisión de cualquier delito y además ponerle “un apelativo canero“ generan estigmas difíciles de borrar, pues aún cuando se hagan las rectificaciones correspondientes, maltratan su dignidad humana y atentan contra la garantía constitucional de la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de los investigados.