La crisis política que se agudiza con la violencia desatada en el sur, para algunos juristas es consecuencia de que los peruanos son “obligados” a elegir autoridades cada cinco años, entre personajes que más parecen salidos de la farándula o de un penal, y porque las elecciones se sustentan en una ley de partidos desfasada, elitista, impositiva y autoritaria.
Bajo el argumento de que el elector es responsable de su decisión de elección, cada proceso electoral se llena de “líderes” partidarios que arrastran un rosario de denuncias, sentencias, etc., incluso (con la decisión del TC) ahora hasta los condenados por terrorismo “rehabilitados”, podrán postular a cargos públicos, pues dejarlos de lado es “vulnerar sus derechos ciudadanos”.
El resultado de esta “libertad” de elegir entre esa fauna de personajes cuestionados e impuestos por los partidos (porque pagaron más) es que cada elección termina en segunda vuelta (que es normal y hasta saludable en una democracia), sin embargo, arrastra a los peruanos a decidir entre “el sida” o “el cáncer”; el caso de Keiko y Castillo es un ejemplo y por eso urge una nueva ley de partidos antes de volver a las urnas.
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