Nos ha tocado vivir en el Perú la que es, con toda seguridad, la peor época histórica para todos los peruanos porque no solo vivimos en constante exposición al contagio del COVID 19 sino que el Estado -por una serie de circunstancias- abdicó de su rol de protector de la salud pública como se lo manda la Constitución. Desde hace mucho tiempo las inversiones públicas en el sector Salud han sido insuficientes para atender las necesidades básicas de una población en constante aumento.

La carencia de hospitales modernos y de postas médicas vecinales bien equipadas no recibió la atención prioritaria que el país necesitaba. Por eso es que ahora nos encontramos en una situación de crisis muy grave que afecta a los peruanos en todas las regiones. Este problema -de tan vasto espectro- espera al nuevo gobierno que entrará al palacio de Pizarro y también al Congreso, a partir del 28 de Julio cuando se recuerde, en medio de este drama social, el Bicentenario de la Independencia.

A ello se añade el escándalo de ribetes internacionales que se ha descubierto con la vacunación encubierta e ilegal de más de cuatrocientas personas entre las cuales hay funcionarios públicos de alto nivel. El llamado “Vacunagate” (por esa huachafería que tenemos los peruanos de usar anglicanismos para todo) ha conmocionado las estructuras de los poderes públicos, pero sobre todo ha causado una repulsa general en una población doliente que se debate entre la presencia de un virus extremadamente contagioso y la agudización de los problemas económicos que golpean, con dureza, a los sectores más pobres de la pirámide social de este país.

Además de esperar que estos hechos delictuosos sean investigados y se sancione a los responsables los peruanos queremos tener alguna claridad respecto a las propuestas de los candidatos en contienda respecto a cuales soluciones viables e inmediatas tienen para encarar esa crisis sanitaria a partir del segundo semestre de este año.

Se requiere, a simple vista, una nueva política del Estado para aumentar la inversión pública en centros de salud de todo nivel. Leyes que promuevan también la iniciativa privada en este campo y en la instalación de modernas plantas de producción de oxígeno y otros elementos que se necesitan para casos de emergencia. Si el COVID 19 nos ha cambiado la vida, también debe cambiar la política del Estado para estar en mejores condiciones profesionales, estructurales y tecnológicas.