Estas últimas semanas han sido ajetreadas para los piuranos y peruanos. Hemos sido testigos de las protestas que iniciaron en Ica y se extendieron a otras regiones del país.
Como resultado del malestar generalizado y de las protestas, la Ley Agraria N° 27360 fue derogada el 4 de este mes. El Congreso ha conformado una Comisión multipartidaria para escuchar las propuestas de los diferentes gremios. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que enfocar la nueva ley y qué factores se deben de tener en consideración?
Primero, es imperante la eliminación de services para las actividades relacionadas al giro del negocio. Estas son empresas tercerizadoras de personal; es decir, si la empresa imaginaria “El Gamonal” desea 10 personas para pañar algodón, solo necesita pedir al service “El Capataz” que los provea. Con esto, los 10 trabajadores teóricamente no laboran para “El Gamonal”, por lo que no tienen la capacidad de formar sindicatos y, si la empresa desea despedirlos, solo le indica a “El Capataz” que los cambie, sin ninguna consecuencia. En la práctica este mecanismo otorga a las empresas una poderosa herramienta de amedrentamiento, pues a la primera queja, fuera.
Segundo, se deben evaluar los beneficios brindados a las agroexportadoras. La antigua ley permitía que estas empresas solo aportaran el 6% a EsSalud, lo cual se traduce en aproximadamente 150 millones de soles dejados de percibir y que afectan al precario sistema de salud con el que contamos. Asimismo, permitía que estas empresas sólo tributen el 15%, mientras que el régimen general estipula el 29.5%. Entonces ¿cuál es el sentido de que los beneficios otorgados por leyes, con nombre y apellido, no se traduzcan ni en mayores ingresos para el Estado ni en condiciones laborales dignas?
Tercero, es indispensable definir responsabilidades en la supervisión del cumplimiento de la nueva ley. Como dicen “hecha la ley, hecha la trampa”, por lo que resulta imperativo fiscalizar que no se utilicen artificios legales para distorsionar el espíritu de la ley, que es devolver la dignidad de los beneficios laborales a los trabajadores.
La nueva ley debe ser evaluada en consenso con los diversos actores. Sería un error hacer un “copia y pega” del régimen laboral general, pues el sector agro tiene unas características que lo hacen único debido a su naturaleza estacional.
