La intención de los partidos políticos es evidente. Tratan de sacar provecho de su poder en el Congreso, para manosear a su gusto un proceso electoral con un cronograma aprobado y en pleno cumplimento, tratando con ello de sacar ventaja a los movimientos regionales, pues la intención es tener mayor presencia en las elecciones de octubre.
Primero lo hicieron extendiendo el plazo de las inscripciones de candidaturas y hoy lo vuelven a hacer con otra ley que modifica esa ampliación de inscripción. Para los constitucionalistas y analistas, esto constituye una clara violación a un proceso electoral.
El rechazo es unánime, incluso, para los juristas, esta nueva ampliación es improcedente e imposible de aplicar porque afectaría todo el proceso electoral.
Defensoría del Pueblo también se pronunció contra esta ley porque genera gasto adicional y el Congreso no tiene esa prerrogativa; igualmente, afecta el principio de intangibilidad y obliga a organizar un proceso en un corto tiempo que repercute en la programación. Es claro que los partidos manosean las elecciones de octubre a su antojo y conveniencia, así desbaraten al JNE y la ONPE.
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