En un intento burdo de “meter miedo” y sumar una raya más a su imagen de víctima ante los ojos de la OEA, y de paso sumarle puntos al Gobierno en las encuestas, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, planteó ayer una cuestión de confianza (CdC).
Aníbal Torres, planteó ante el pleno del Congreso, una cuestión de confianza para exigir que se apruebe un proyecto de ley nuevo para modificar las restricciones contra el referéndum.
¿Procede esta solicitud? No, pero es para algunos analistas un intento de “jugada maestra”: Si bien el Gobierno sabe que la CdC no procede, espera tener argumentos para luego correr a las regiones y gritar a los cuatro vientos que es víctima de un Congreso golpista que le está negando al “pueblo” su derecho a un referendum para una Asamblea Constituyente. De esta manera espera sumar aceptación.
Sin embargo, es poco probable que esto le sume puntos, de hecho hay quienes opinan que esta carta le será adversa. Si bien es innegable que hay un grupo reducido que lo apoya, este nunca ha logrado una cifra ni siquiera cercana a la requerida por una Asamblea vía referéndum. Al único que le interesa el tema es a Peru Libre y casi a nadie más. No es una iniciativa popular.
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El pedido de ayer podría haber sido legítimo si hace una semana, el Premier no hubiera pedido al Congreso hacer lo propio por otro proyecto de ley. Según los especialistas, la Constitución no ampara el abuso del derecho (art. 103).
Por esta razón el pedido de ayer es improcedente.
Según el constitucionalista Luciano López, le guste o no al Ejecutivo, está vigente la Ley 31355 y la modificación del art. 86 del Reglamento del Congreso que dice que no procede si el pedido de CdC “condiciona el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo para el pronunciamiento”.
Y lo que ha hecho ayer el señor Torres es condicionar en su discurso el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo para su pronunciamiento.
Lo que que corresponde ahora al Congreso es hacer lo que dice su Reglamento, el cual permite que la Mesa Directiva rechace la CdC de plano o que tal decisión la asuma el Pleno.
Según el especialista, el Ejecutivo está abusando de sus atribuciones, siendo lo más conveniente por ahora que el Pleno rechace el pedido, previa opinión de Comisión de Constitución. Enfriar la pradera no cuenta como negación.
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