Una vez más, la falta de un mínimo nivel de coordinación y entendimiento entre el Gobierno Central y el Gobierno Regional perjudica las obras de Reconstrucción.
Muestra de ello es el fundado temor por parte de la empresa encargada de construir el tramo 1 de las defensas ribereñas, de que el GORE cumpla con desembolsar los adicionales correspondiente a este proyecto que comprende las defensas ribereñas, entre la presa los Ejidos y el puente Cáceres.
Es increíble que cuando los trabajos se encuentran al 90% de avance, la entidad regional no haya solicitado a la
Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) la totalidad del presupuesto adicional requerido, sino solo una parte y, por si fuera poco, debido a errores en su justificación técnica, su solicitud ha sido observada.
En una actitud que ya parece habitual en la actual administración regional, los funcionarios piuranos tampoco han dado cuenta a la ARCC sobre la necesidad de cubrir deuda alguna con la constructora.
Preocupa asimismo que, a pesar de la presión de las empresas y de la ciudadanía, el GORE y el Ejecutivo (a través de la ARCC) no logren ponerse de acuerdo para acelerar la culminación del tramo 1.
La ARCC asegura que no hay justificación para dejar de pagar al contratista y, a su vez, el GORE no inspira confianza en muchas empresas. Tampoco en la Comisión del Congreso de seguimiento a la Reconstrucción. Su representante, Franco Salinas, ha expresado en reiteradas ocasiones sus dudas sobre si el GORE podrá asegurar el cobro de las cartas fianza, requisito indispensable para reiniciar las defensas ribereñas en el tramo II, obra actualmente paralizada y que pone en vilo a la población.
Independiente de que se logren acuerdos y de que ambos niveles del Estado superen sus diferencias, preocupa la pasividad de ambas partes para reaccionar ante el nuevo riesgo de inundación que enfrenta la ciudad de Miguel Grau.
Entre hoy y mañana, por nuestra capital regional pasarán entre 350 y 500 metros cúbicos por segundo que podrían causar estragos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, excepto declarar en emergencia parte de la región, no había un pronunciamiento del nivel central sobre el plan de contingencia para mitigar los impactos.