El caso de la señora Ana Estrada, aparte de interesante y sui géneris, nos permite abordarlo cuidadosamente, reflexionar sobre sus múltiples aristas para expresar nuestra opinión tratando de encontrar coherencia, por lo menos.

En principio, respetamos su posición en cuanto a que se le ayude a morir dignamente, pues el sufrimiento que padece por su enfermedad es insoportable; aunque no la compartimos por una serie de cuestionamientos inmersos en el tema.
A nuestro entender, parece que hay conceptos equivocados en cuanto al enfoque del asunto: por un lado, unos se inclinan a pensar que se trata de que las personas son dueñas de sus vidas y pueden hacer lo que quieran con ellas mientras otros, en base a su derecho a la libertad, optan por decidir si quieren seguir viviendo o no.

De entrada, viene la pregunta: ¿es cierto eso? ¿Nuestras vidas nos pertenecen y podemos cortarla o terminarla cuando queramos? ¿Ese pensamiento no colisiona con el principio cristiano de cuidar nuestra vida, que es un don de Dios?

Por otro lado, ¿no es el Estado el que debe proteger nuestro derecho a la vida, conforme lo estipula la Constitución? De ahí la sanción para quienes atenten contra ella, para el que instiga al suicidio o para el que se presta a una eutanasia.

Todo el aparato estatal está concebido fundamentalmente para proteger la vida en todas sus manifestaciones, ¿y ahora se pretende que sea el Poder Judicial, que forma parte del mismo, quien autorice una muerte solicitada? ¿Nos estamos dando cuenta de tremenda incoherencia?
¿Nos están invitando a ser espectadores de una ejecución muy particular?

Creemos que se debe tener mucho cuidado, porque se estaría propiciando un antecedente muy peligroso que daría lugar a perversidades, por decir lo menos. ¿Qué hay de los miles de casos, que con seguridad existen, de personas que viven postradas hace ya mucho tiempo, y de los malhechores que van a pretender que se termine la vida de alguien por intereses de una herencia, por ejemplo?

Creemos que el camino que se está recorriendo no es el más adecuado, y pensemos qué bien podría el Estado, a través de alguna de sus instituciones, buscar la manera de ayudar ampliamente a esta digna señora a fin de conseguirle una mejor condición de vida hasta que Dios lo permita.