Este concepto RSU engloba: responsabilidad o compromiso con la gestión de la universidad; sociedad democrática en sus tres pilares: libertad con educación y cultura; justicia, dando a cada cual lo suyo; y seguridad alimentaria, sanitaria, ciudadana; con una universidad, orientada a entender los problemas sociales del país, como foro académico, para la discusión de políticas públicas, a la que por esencia le corresponde; en torno a las estructuras sociales, políticas, económicas, ambientales territoriales y culturales del país, para alcanzar la justicia social en el área de influencia de la universidad pública.
Responsabilidad social es corrección política de la autoridad universitaria, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación Universitaria. Lamentablemente, en la década pasada, la universidad pública ha estado de espaldas a la realidad social del país y los entes universitarios respectivos no previeron a la “educación como derecho fundamental y servicio público esencial”.
Esto ha devenido que durante esta situación de emergencia pandémica, poco más de 170 mil estudiantes universitarios hayan desertado de sus estudios, con una tasa de deserción de 9,85% en las universidades privadas y un grave 22,5% en la universidad pública, cuya tasa promedio de deserción era de 12%, ya alta, antes de la pandemia.
Esos 170 mil estudiantes dejados de lado del sistema universitario no sólo son resultado de la pandemia, sino está bastante claro, son jóvenes mujeres y hombres; resultado de la profunda desigualdad existente en la sociedad peruana.
Para evitar la deserción universitaria, en 2014 el Ministerio de Educación creó y se hizo responsable, en coordinación con los vicerrectorados académicos de las universidades públicas, del Programa Formación Universitaria de Pregrado, servicios adecuados de apoyo al estudiante, bienestar y asistencia social, que cuenta con indicadores de deserción.
