A más de seis semanas de que el Gobierno publicara el Decreto de Urgencia 070-2020, a fin de atender a la población con inversión pública ante la pérdida de empleos por la pandemia, la medida aún no rinde frutos visibles en Piura.

La idea de esta estrategia es impulsar la generación de empleo a través de los gobiernos locales, mediante inversión pública y gasto corriente, por lo que contempla transferencias presupuestales, a nivel nacional, por más de S/5,641 millones. Echar a andar cuánto antes la ejecución de obras generando oportunidades laborales, es el reto que los piuranos le pleanteamos para el segundo semestre del año a los alcaldes y a sus equipos técnicos. La buena noticia es que hay recursos.

Si bien es muy difícil que cumplan la meta que les propuso el presidente Martín Vizcarra al visitar Piura recientemente (lograr un 80% de ejecución para fines de año), una buena manera de generar confianza y aliento en los ciudadanos es que todos los alcaldes se proponga lograr un nivel tal de inversión, que realmente impacte en la economía aún paralizada.

No olvidemos que, a diferencia de otras regiones, en Piura muchos municipios, además de las obras del citado DU, tienen pendientes obras de reconstrucción. Solo la comuna de Piura actualmente tiene S/114 mlls. por gastar, de los cuales a la fecha solo ha ejecutado 6.9%.
Otros gobiernos locales de la región tienen presupuestos de hasta S/116 mlls. (Huarmaca), 109 mlls. (Ayabaca), 89 mlls. (Sullana), 83 mlls. (Paita) y 65 mlls. (Talara.)

El que los alcaldes agilicen su inversión pública -según economistas consultados- es decisivo porque en la medida que ejecuten darán las señales o estímulos que el sector privado espera para reactivar también sus inversiones.

Otro factor clave es que desde el Congreso no se vuelva a generar nuevas crisis, ni profundizar la actual sensurando ministros, especialmente a la de Economía, quien debe dar continuidad a su plan económico. En el corto tiempo que le queda al Gobierno, sería un despropósito cambiar a la titular del pliego, porque implicaría retrasar aún más la aprobación de expedientes y transferencias para obras.

Ponerse como meta lograr 60% de ejecución, o más, en su plan de inversiones hasta diciembre, impactará no solo en la generación de empleo en obras públicas, sino, por “arrastre”, incentivar el empleo en empresas privadas.