La presencia del COVID-19 en nuestro país continúa causando muchas muertes y un alto índice de contagiados, además de la crisis del sector salud y de nuestra economía.

En este contexto, el proceso de las vacunas para el COVID-19 enfrenta obstáculos a nivel mundial debido a la carrera de los países por adquirir las dosis; y en el Perú, una falta de entendimiento entre el Gobierno nacional y el sector privado.

Muy poco se habla del retraso causado desde el gobierno de Martín Vizcarra, cuando lejos de acelerar los contratos con las farmacéuticas se empezó a consumar el escándalo del Vacunagate. Lamentablemente, se perdió valioso tiempo.

Actualmente, el presidente Francisco Sagasti ha manifestado que las vacunas están siendo adquiridas por el Estado y que se distribuirán para toda la población, lo cual se viene realizando actualmente para las personas que se encuentran en primera línea, como el caso de los trabajadores del sector salud: médicos, enfermeros y personal auxiliar

Indudablemente, será imposible que en un corto tiempo el Gobierno logre vacunar a los millones de peruanos. Ante este complicado panorama, el empresariado privado, representado por Perú Cámaras y el sector minero, vienen solicitando al Gobierno central la autorización para adquirir las vacunas y aplicarlas a sus trabajadores.

Considero que el Gobierno peruano debe autorizar al empresariado privado para adquirir lo solicitado; siempre y cuando haya farmacéuticas que acepten venderles. Previamente, cada empresa deberá elaborar una base de datos de sus trabajadores y luego corresponde al sector salud controlar y vigilar la aplicación de estas vacunas. Asimismo, deberán aplicarse drásticas medidas y multas a las empresas privadas que no cumplan con lo establecido en la autorización.