La interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides, ayer en el Congreso, ratificó lo que se rumoreaba desde hace mucho: los congresistas están “muy interesados” y “muy preocupados” por las acciones de la Sunedu, pero sobre todo por la denegación del licenciamiento de 46 universidades privadas y dos escuelas de posgrado, cuyos dueños tienen nexo con el parlamento. El resto de la educación, poco interesa.

Por lo menos eso se dejó entrever tras el bombardeo de preguntas cuestionando el licenciamiento de algunas universidades e institutos que, según ellos, no debieron ser licenciadas. En el fondo, la intención es clara: desprestigiar la labor de esta institución porque esta es la única manera de tumbársela y que las universidades que han sido denegadas vuelvan a funcionar.

¿Y los escolares de las zonas rurales? ¿Y los maestros sin herramientas de enseñanza ni Internet? En tiempos de pandemia y con necesidad de que los escolares tengan laptops y conectividad para sus clases virtuales, la Sunedu fue la vedette. A Benavides no le quedó más que decir: “nuevamente” vamos a explicar el proceso de licenciamiento.