Esta semana una Comisión Especial del Congreso de la República, debe designar la forma, modo y circunstancias como se debe elegir democráticamente, a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), quienes han sobrepasado su tiempo de elección de cinco años.

La novedad de esta nueva elección, es que se ha conformado un grupo de trabajo legislativo a fin de ya no de invitar como integrantes a “personas notables”, sino que ahora se realizará de acuerdo a un concurso de méritos académicos, morales y democráticos de los aspirantes.

Esta semana, los congresistas de la Comisión Especial, se han reunido para coordinar los aspectos administrativos, para su instalación. Asimismo ultiman detalles para la convocatoria al concurso de evaluación y méritos de los nuevos miembros del TC.

La agenda parlamentaria está muy apretada esta semana, pues luego de escuchar la presentación del nuevo Gabinete Martos, los congresistas tendrán la interpelación al Ministro de Educación Martín Benavides y se prevé que habrá un debate congresal, que concluirá con la toma de una importante decisión de pronósticos reservados.

Cuando se instale formalmente, la Comisión Especial estará conformada por un Congresista de cada bancada. Su finalidad es elaborar el reglamento del concurso de méritos, establecer el cronograma de convocatoria, en donde se publicará la lista de candidatos, así como recibir y resolver las tachas que se pudieran presentar contra los postulantes y así evitar aspirantes que tengan problemas anteriores y posteriores a su juramentación, como sucedió en el último concurso público realizado por la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia.

Dentro de las modificaciones a la norma, se ha establecido que la propia Contraloría General de la República se encargue de la veeduría del concurso público, también recibir y examinar las declaraciones de ingresos, bienes y rentas, así como la de gestión de conflicto de intereses de los candidatos.

Evidentemente, durante estos últimos años el Tribunal Constitucional ha sido protagonista de la emisión de importantes sentencias para la vida del Estado Constitucional y Democrático de Derecho y muchas de sus resoluciones a favor o en contra de los justiciables, constituyen precedentes vinculantes de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República.