Levantar el estado de emergencia por la COVID-19 en el país tiene dos lecturas. Para algunos es una medida política que intenta desviar la atención sobre la crisis y la corrupción desatada en el ministerio de Salud.
Para otros, es una decisión acertada para recuperar la “normalidad” y, lo más importante, se evitan o paralizan las compras irregulares y escandalosas en el sector.
La norma tiene, en efecto, aspectos positivos, pero más negativos porque en lo práctico se baja la guardia a un enemigo letal: la COVID-19. Según médicos, el virus no se “mata por Decreto”, este seguirá vigente, infectando y mutando en el país. No se ha ido y no se irá nunca; por el contrario, se fortalecerá hasta transformarse en nuevas cepas, más peligrosas o inocuas.
Lo lamentables es que la población, sicológicamente, sentirá que está libre de peligro. Esto generará exceso de confianza y con ello vendrían nuevos rebrotes. Muchos no entienden que si bien las vacunas han reducido las muertes, el virus utiliza al cuerpo como laboratorio para mutar. Si se presentan más casos, es probable que pueda aparecer en un corto plazo una nueva cepa… mucho más agresiva.
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