La gravedad de las acusaciones contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, a quien se pretende atribuir, entre otros, el grave delito de obstrucción de la justicia, tras la difusión de conversaciones que probarían su participación en la contratación irregular de Richard Cisneros, si bien deben ser materia de investigación, reflejan una innegable maniobra política armada por algunos congresistas y sus aliados, con fines electorales.

Es verdad que la figura presidencial se ve tremendamente mellada y, al cierre de esta edición, el jefe de Estado seguía obligado a dar al país una explicación convincente, pero son una vergüenza sus adversarios que recurren a la vieja artimaña del “río revuelto…” ¿Era pertinente hacer una denuncia así en este difícil momento?

Es más, sin considerar las graves consecuencias que esto podría tener para los millones de peruanos afectados por la actual crisis económica y sanitaria del país, y sin haberse realizado investigación alguna, hay quienes ya empezaron a pedir la vacancia presidencial. Es muy pronto para hablar de una nueva crisis política, como la causada por Pedro Pablo Kuczynski, pero hay quienes ya lo asumen así, por ser conveniente para sus intenciones particulares.

La pregunta es: ¿a quién beneficia el caos en estos momento? Obviamente, no a los peruanos, que en adelante estaremos obligados a contemplar un nuevo capítulo de enfrentamientos entre un Congreso, que reclamará la banda presidencial para Manuel Merino, y un presidente de la República que muy probablemente se negará a hacer un mea culpa (no es su estilo) y volverá a la carga hablando de un intento para desestabilizarlo y desacreditarlo.

Que la denuncia parta de un Congreso tan desprestigiado que, de espaldas al pueblo, se ha dedicado a emitir leyes lesivas para el país, más aún que quien haya presentado los audios sea el señor Alarcón (investigado en Fiscalía por uso irregular de dinero de la Contraloría para gastos personales), dice mucho de las motivaciones de esta “bomba política”. Pero no le resta gravedad.

Lo más responsable es que ambos niveles del Estado eviten a toda costa una crisis de poder y que cualquiera sea el desenlace, afecte lo menos posible a la estabilidad política y económica del país. Debería apostarse por una transferencia democrática, elecciones en abril y esperar que el nuevo Congreso investigue estos audios.