En el caso de las vacunas, la demanda es totalmente inelástica: la gente está dispuesta a pagar hasta agotar todos sus recursos; por lo que en un mercado libre, éste expulsaría a quienes no disponen de ingresos suficientes; lo que hace indispensable la intervención del Estado para garantizar el derecho constitucional a la salud y la vida de todos.
Así como en el caso de la renta de la tierra, cuya oferta está fija, el precio lo determina la demanda; ahora, ante una demanda rígida de vacunas, los productores obtendrían renta fijando precios altos para captar toda la disposición a pagar de los usuarios, usando como mecanismo la discriminación de precios.
La discriminación de primer grado se da cuando la empresa cobra a cada cliente el precio máximo o precio de reserva que está dispuesto a pagar por cada unidad comprada. Como la empresa no sabe cuál es el precio de reserva de cada cliente, opta por cobrar precios por segmentos, como los médicos que cobraban la consulta según el cliente.
En la discriminación de segundo grado, la empresa discrimina según la cantidad comprada, que no es el caso de la vacuna, pues solo se necesitan dos por persona.
La discriminación de tercer grado, divide a los consumidores en grupos que tienen demandas distintas. Es el caso de países con distinta capacidad de pago o de negociación, que da lugar a que la empresa discrimine precios entre países para optimizar sus beneficios, igualando ingreso adicional con costo adicional, según la demanda en cada país.
Se requería una acción coordinada de los países compradores, además de la asesoría de las empresas experimentadas, para lograr un mayor poder de negociación frente a los laboratorios y sus filiales, además de agilizar los tiempos de entrega.
Ahora, hace falta agilizar la obtención del faltante y la aplicación de las vacunas mediante un plan de concesiones supervisadas con total transparencia, haciendo uso del carnet los ciudadanos y de los registros correspondientes, dividiendo el trabajo entre Estado y empresa, estableciendo un precio regulado que permita financiar la vacuna gratis a domicilio de los adultos mayores y enfermos.