Autoridades que usan con descaro recursos públicos para campañas políticas de “sucesores” o “ahijados”; postulantes denunciados por violencia familiar; otros que ladinamente ocultan información al JNE; otros tantos –como César Acuña-, que utiliza al Estado en provecho propio y muchísimos casos más en esta tierra de “leguleyadas” y “abogados del diablo” no tienen, aunque existan leyes, sanción alguna.
La impunidad y el descaro, en la política hoy parece imponerse, acrecentando el descrédito de una institución como el JNE que está precisamente para arbitrar y filtrar a los perversos y saqueadores.
Pues es inadmisible que siendo el ente arbitral de una elección cometa “errores” en las resoluciones que notifican precisamente las faltas, con lo cual los “abogados del diablo” se acogen para desechar cualquier sanción del candidato infractor.
Y son esos errores de procedimiento los que al final terminan por favorecer a malas personas que, con millonarias campañas (que no se sabe de dónde sacan dinero), terminan por dirigir un Gore o una municipalidad. Luego vienen los lamentos cuando hacen festín del presupuesto público.
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